Impacto del nuevo régimen ambiental de la UE sobre las importaciones de carnes vacunas argentinas

Por: Lic. Amalie Ablin*, Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Salvador, Bs. As.), Graduada del Programa de Capacitación Ejecutiva en Agronegocios (Universidad de San Andrés, Bs. As.)

Fotos: Banco de imágenes

En octubre de 2020 el Parlamento Europeo (PE) incluyó en su temario de sesiones una revisión del denominado “Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea” (AAE), proyecto de Acuerdo de Zona de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que llevó 20 años de negociaciones hasta su conclusión preliminar en junio 2019, y que conformaría la primera experiencia internacional de un tratado de dicha naturaleza entre dos bloques regionales. Tal acuerdo conllevaría la integración de un mercado con 800 millones de habitantes, representativo de casi una cuarta parte del PBI mundial y que alcanzaría comercio bilateral de bienes y servicios por valor superior a U$S100.000 millones. El mismo podría eventualmente convertirse en un hito para la inserción internacional de la Argentina en la medida que efectivamente permitiera incrementar las exportaciones de las economías regionales, consolidar la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, promover la llegada de inversiones, acelerar el proceso de transferencia tecnológica y aumentar la competitividad de la economía, todo lo cual contribuiría potencialmente a generar una expansión del PBI y del empleo. 

Sin embargo, muchos críticos del texto negociado consideran que el mismo conllevaría una apertura unilateral de la economía del Mercosur a los productos manufacturados europeos, con escasa reciprocidad en aquellos agropecuarios que concentran el núcleo más eficiente de la producción regional. Dichas críticas apuntan a que concesiones basadas esencialmente en rebajas arancelarias no necesariamente aseguran la ampliación del acceso a mercados de productos agropecuarios cuando el proteccionismo moderno tiende cada vez más a sustentarse en normativa regulatoria sanitaria y medioambiental.

Por otra parte, desde una perspectiva institucional cabe tener presente que el texto suscripto del AAE debe ser ratificado por el Parlamento Europeo así como los 27 Parlamentos nacionales de los Estados Miembros (EM) de la UE, donde todavía puede enfrentar seria resistencia. Al respecto, resulta imprescindible remarcar que hasta el presente ninguno de los líderes sustantivos de la Unión Europea (UE) y sus EM ha defendido expresamente la ratificación del AAE. Más aún, los representantes en el PE de los EM tradicionalmente proteccionistas en materia agrícola (Francia, Irlanda, Dinamarca, Polonia, entre otros) han deslizado su rechazo a cualquier acuerdo que contenga concesiones agrícolas, a lo que se agregan los reparos europeos al manejo de los países del Mercosur en materia medioambiental, poniendo en evidencia las crecientes demandas europeas sobre compromisos dirigidos a alcanzar coherencia entre sus políticas ambientales y comerciales.

En efecto, el proteccionismo agrícola reciente de la UE se refleja en diversos mecanismos basados en criterios sanitarios y medioambientales, que se entrelazan normativamente, tales como los denominados Pacto Verde; Programa del Productor al Tenedor (que prevé ciertos subsidios destinados a reemplazar por producción doméstica las importaciones de sustancias proteicas -esencialmente soja- provistas hasta ahora por Brasil, Estados Unidos y Argentina); y el concepto de “Autonomía Estratégica”, inevitablemente asociado a la autosuficiencia agrícola.

La Política Agrícola Común (PAC) es una de las herramientas más antiguas de la UE. Introducida en 1962, con el propósito de aumentar la producción agrícola, garantizar la seguridad alimentaria, proteger la calidad de vida de los agricultores y estabilizar los mercados, en un contexto de precios razonables para los consumidores. Así, la PAC concentra al presente casi 40% del presupuesto total de la UE, siendo actualizada cada siete años, correspondiendo su revisión en 2021, la cual enfrenta nuevos desafíos para su alineación con los objetivos de sostenibilidad, protección de la biodiversidad y el medio ambiente, aspectos muchas veces distorsionados con fines proteccionistas.

Estos programas no se encontraban tan claramente definidos al suscribirse el AAE en junio de 2019, aunque en cualquier caso la cuota ofrecida por la UE para el ingreso de carnes vacunas del Mercosur libres de arancel -99.000 toneladas (tons) base con hueso, las que desosadas no superarían 72.000 tons, a distribuir entre las cuatro naciones- presenta un volumen más que exiguo para un Acuerdo de Libre Comercio. En particular se advierte que en las negociaciones de la Ronda Uruguay Argentina obtuvo 11.000 tons adicionales de Cuota Hilton, con lo cual el contingente consentido en el AAE prácticamente equivale a la sumatoria de los tramos de Cuota Hilton detentados por los respectivos Miembros del Mercosur, todos proveedores. 

A ello se agrega que con motivo de la reorientación política posterior en la UE, al iniciarse 2020 un grupo de legisladores socialistas y de los crecientes Partidos Verdes respaldaron los resultados de un informe encargado por la “Coalición para un Precio Justo de las Proteínas Animales (TAPPC)”, solicitando que se incluya un nuevo modelo de precios de la carne en el Pacto Verde y demás instrumentos antes citados. Dicho estudio sugiere que el precio de las carnes debería aumentar para reflejar el impacto ambiental real de su producción, por lo que nuevos aranceles deberían aplicarse gradualmente a partir de 2021, alcanzando la cobertura total de los costos ambientales en su lugar de producción, incluyendo las emisiones de CO2 y la pérdida de biodiversidad hacia 2030. Igualmente, otros informes solicitados por el “Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Sanidad Alimentaria (ENVI)” del PE -“como contribuye el comercio internacional a la forestación sostenible y a la preservación de los bosques a través del Pacto Verde” (difundido en octubre de 2020) y aquel titulado “Brasil y la Selva Amazónica”- clarifican que no se trata de ejercicios académicos sino de una indispensable evaluación para determinar los efectos y alcances reales del AAE negociado con Mercosur. Dichos informes -que incluyen alusiones al Chaco argentino y boliviano- atribuyen facultades a la UE para considerar todo impacto sobre aquellos espacios internacionales considerados estratégicos, tal como las selvas de América del Sur, dada su relevancia como gran pulmón del mundo y su insustituible patrimonio de riqueza biológica global -incluyendo sus gigantescos acuíferos- y por ende atender a sus políticas de explotación, desarrollo sostenible, y acceso y comercialización de sus recursos. 

Por su parte, una demanda cambiante e inestable reflejó cambios en la oferta y consumo de carnes a nivel mundial, como consecuencia de la pandemia desatada desde comienzos de 2020, estimándose que los volúmenes de producción previos al COVID-19 no retornen a corto plazo. Así, la UE registró una disminución en su producción de carne vacuna de 2,4% en la primera mitad del año debido a las medidas restrictivas adoptadas con motivo de la pandemia, en particular la menor demanda del sector alimenticio (restaurantes, bares, cafés, etc.), previéndose de igual forma una baja en la producción de carne tanto vacuna como porcina a lo largo de 2020 y 2021. Sin embargo, la situación en 2020 culmina de manera relativamente positiva, con la recuperación de los precios de lácteos y carnes, cuya demanda ha remontado como resultado de la reapertura de los restaurantes y la recuperación del turismo, lo que ha determinado en definitiva una disminución general estimada de la producción de carne de vacuno de sólo 1,4%, mientras su consumo se contraería 2,1%, a 10,4 kg per cápita en 2020.

El seminario internacional dirigido a evaluar en julio de 2020 la evolución de la producción y comercialización de carne vacuna a nivel global -durante y después de la pandemia- concluyó que la cadena de ganados y carnes argentina estuvo a la altura de las circunstancias durante la cuarentena, aunque resultaba propicio comenzar a debatir los desafíos que el futuro del consumo y comercio de las carnes en el mundo post COVID-19 anticipa. Así, la visión de la industria frigorífica argentina contempla que el avance en la promoción de una dieta equilibrada y la creciente concientización en torno de la sostenibilidad agroambiental son aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de cualquier plan estratégico, reconociendo que el fomento del consumo de vegetales en reemplazo de las carnes y las campañas sesgadas contra la ganadería vacuna también generan un impacto negativo, al igual que el desarrollo artificial de alimentos de apariencia y gusto cárnico a base de proteínas vegetales procesadas.

Otro factor a destacar es la convocatoria de la “Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS)”, parte de la “Global Round Table for Sustainable Beef (GRSB)”, que ha tomado relevancia mundial desde su origen en 2012, al haberse constituido ya mesas en 8 países/regiones, que incluyen a los principales productores y exportadores de carne vacuna (Estados Unidos, Australia, Brasil), asociación que nuclea organizaciones, empresas y entidades que buscan promocionar la mejora continua de la cadena de carne local. Persiguen minimizar los impactos de la actividad, definiendo indicadores de sustentabilidad para posicionar al producto en el país y a nivel internacional, basándose en principios que alientan la salud y bienestar animal, así como eficiencia e innovación en el procesamiento. Ello involucra anticipar y acelerar la respuesta a las tendencias del mercado, incluyendo innovaciones en materia de insumos y servicios que tornen más sustentable a mediano plazo al sector, promoviendo una creciente sinergia entre los consumidores y la comunidad por medio de la oferta de alimentos naturales.

La carne vacuna es uno de los símbolos que han identificado históricamente a Argentina, siendo actualmente objeto del debate sobre el impacto ambiental de la actividad, el cual se desarrolla tanto en el ámbito de los movimientos ecologistas como entre los propios actores de la producción, destacándose que las regulaciones ambientales y de sanidad animal, así como aquellas relativas al desplazamiento, comercio y tránsito transfronterizo de ganado pueden afectar el crecimiento del sector pecuario, al conllevar mayores costos e influir en la localización de la producción. Se atribuye al sector ganadero un papel sustantivo como productor de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), estimándose que a medida que el crecimiento de la población mundial y de los ingresos incremente la demanda de productos pecuarios, dichas emisiones también tiendan a crecer, proponiéndose la UE su neutralización hacia 2050. Así, no cabe descartar que a mediano plazo diversos países impongan restricciones de mitigación de carbono en la producción pecuaria.

Igualmente, la clientela del mundo desarrollado podría tender a reducir progresivamente su ingesta de calorías cárnicas utilizando fuentes alternativas de proteína, lo que contribuiría a reducir las emisiones de GEI. Finalmente, la naturaleza de la demanda también podría estar mutando, por lo que la competitividad futura de la industria de la carne podría depender del agregado de valor a los productos de origen animal sin obviar la preocupación de los consumidores respecto del cuidado de su salud. Por ello, diversos actores de la cadena comparten la convicción que “inocuidad, impacto ambiental y bienestar animal” podrían convertirse en las nuevas barreras al comercio de carne.

En efecto, en un mundo donde la pandemia agudizó la preocupación de la sociedad por la salud, calidad e inocuidad de los alimentos, actualmente se registran presiones de los consumidores sobre los gobiernos respecto de los procesos de certificación de inocuidad y calidad agroalimentaria. Cabe alertar sobre los riesgos que podrían acarrear las nuevas iniciativas y restricciones sanitarias impulsadas por la UE sobre el negocio cárnico y su comercio internacional, ya que no resultaría deseable un incremento del proteccionismo y las barreras no arancelarias basadas en argumentos vinculados a aspectos no comerciales como los ya señalados.

(*) Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la institución en la cual se desempeña

Fuente: Revista AmeriCarne Nº 140